Mayo de 2026. Bolivia arde, y no es metáfora. Desde hace más de una semana, sindicatos campesinos, organizaciones obreras y comunidades indígenas mantienen bloqueadas las rutas estratégicas que conectan la sede de gobierno con el resto del país y con las fronteras de Perú y Chile. El Estado, como siempre, llama a eso "crisis". El pueblo lo llama resistencia.
El detonante fue una ley promulgada con desprecio. La Ley 1.720, firmada el 10 de abril mientras el presidente Rodrigo Paz celebraba con empresarios agroindustriales en Santa Cruz, autorizaba convertir pequeñas propiedades rurales en medianas propiedades, abriendo la puerta a su hipoteca, venta y absorción por grandes capitales. Según varios observadores en terreno, es una norma "inconstitucional y regresiva" que promueve la reconcentración de la tierra en pocas manos. Solo en Santa Cruz, unas 7.000 propiedades que suman 1,7 millones de hectáreas habrían quedado habilitadas para transformarse en mediana propiedad agroindustrial.
La respuesta vino de abajo y sin líderes que la autorizaran. Indígenas de la Amazonía marcharon durante 24 días desde Pando, rechazando la ley porque favorece a empresarios y terratenientes. Los movilizados invocaron explícitamente la tradición de Túpac Katari: cercar la ciudad de La Paz como método de lucha. A ellos se sumaron la Central Obrera Boliviana (COB), maestros rurales, federaciones campesinas y grupos indígenas amazónicos.
El Estado cedió a medias, como siempre. El 9 de mayo, la Asamblea abrogó la Ley 1720. Pero la movilización no se detuvo: la COB mantiene los bloqueos mientras cuestiona ahora toda la gestión de Paz en medio de la crisis económica. Bolivia acumula más de 21.700 millones de dólares en deuda, con bonos al 9,45% que vencen antes de que el litio pueda generar un solo dólar de ingreso real.
La crisis ha cobrado ya al menos dos vidas. El gobierno amenaza con procesos penales. La historia conoce ese guion. Lo que también conoce es el otro: el de pueblos que, hartos de esperar que el poder los salve, deciden tomar las carreteras y obligar al mundo a detenerse.
Como en la revolución campesina de 1952, que instauró el sufragio universal, la nacionalización de las minas y una amplia reforma agraria, hoy los bolivianos están frente a la posibilidad cierta de sociabilizar todos sus medios de producción en manos de los trabajadores y desencadenar una revolución social. Una sola gota más hará rebalsar el vaso que hoy contiene al gobierno y habrá presidente depuesto. Es el momento para que la COB y otras organizaciones sociales bolivianas derroquen definitivamente a los gobiernos burgueses y funden un territorio donde sean los trabajadores quienes administren.
Pedro Peumo. Mayo 2026.