El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de
Estados Unidos, creado en 2003 junto con varias leyes y otras instituciones
represivas post-11S, no es una simple agencia administrativa. Es la encarnación
moderna de un principio arcaico y opresivo: la defensa de la soberanía estatal
mediante la clasificación, vigilancia y eliminación de un “enemigo interno”
construido. Para comprender su naturaleza, resulta ilustrativo situarlo junto a
los arquetipos históricos del terror estatal: la Cheka soviética y la Gestapo
nazi. Esta comparación no pretende ser una equiparación moral simplista, sino
desentrañar patrones operativos y lógicas de poder que trascienden regímenes
políticos específicos.
El primer paralelo reside en la construcción ideológica de
la amenaza. La Cheka, fundada por Félix Dzerzhinsky en 1917, fue instituida
para combatir a los “enemigos de clase” durante el Terror Rojo, operando
esencialmente fuera de la legalidad ordinaria. La Gestapo, bajo Hermann Göring
y Heinrich Himmler, tenía como mandato la “lucha preventiva” contra los
enemigos del Estado racial, definidos por su origen étnico o disidencia
política. De modo similar, ICE opera bajo un paradigma de “seguridad nacional”
que, desde finales del siglo XX, ha transformado la migración irregular de una
infracción administrativa en una amenaza existencial a la soberanía. Como
señalan académicos como Nicholas De Genova, la “producción de la ilegalidad” es
un proyecto político que justifica un aparato de control expansivo. ICE es el
brazo ejecutor de esa construcción, donde el “inmigrante deportable” reemplaza
al “enemigo del pueblo” o al “subhumano”, pero sirve a una función estatal
análoga: definir los límites del cuerpo político mediante la exclusión
violenta.
El segundo vínculo, y el más estremecedor, se manifiesta en
las prácticas de deshumanización y terror burocrático. La Cheka
institucionalizó la detención arbitraria, la tortura y las ejecuciones
extrajudiciales. La Gestapo perfeccionó la redada, la deportación masiva y el
Schutzhaft (custodia preventiva) que suspendía garantías legales. ICE despliega
un repertorio contemporáneo del mismo espectro: redadas sigilosas, una vasta
red de centros de detención privatizados donde se documentan abusos
sistemáticos, y la práctica traumática de separaciones familiares. Según
informes del propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS Office of Inspector
General, 2019) y de organizaciones como Human Rights Watch, estos centros
suelen caracterizarse por condiciones higiénicas deplorables, negligencia
médica y abuso psicológico. La deportación, mecanizada y masiva, actúa como una
pena de exilio administrativo. El propósito, compartido con sus predecesores
históricos, es doblegar la voluntad mediante el miedo y ejemplificar el costo de
transgredir el orden estatal.
Finalmente, una característica definitoria es la cultura de impunidad y opacidad. Tanto la Cheka como la Gestapo funcionaban con una autonomía deliberada de los sistemas judiciales ordinarios, respondiendo solo ante el poder ejecutivo. ICE ha desarrollado una inmunidad operativa comparable dentro del marco democrático. Sus agentes gozan de amplias facultades discrecionales; sus centros restringen el acceso de abogados y periodistas; y las investigaciones internas suelen absolver a los responsables. Esta impunidad no es un fallo, sino una característica estructural de una agencia diseñada para operar en los márgenes de la legalidad que dice defender.
Como argumentaba el filósofo Michel Foucault, el poder
soberano se ejerce, en última instancia, sobre la vida y la muerte. ICE, la
Cheka y la Gestapo son expresiones de ese poder en momentos históricos
distintos: instrumentos para purificar el espacio político, dividir a la clase
trabajadora y afirmar la soberanía mediante el acto definitivo de exclusión: la
eliminación física o territorial del “otro”. Desmantelar esta lógica requiere
ir más allá de la reforma migratoria; exige cuestionar la institución misma de
la frontera y el derecho del Estado a definir la pertenencia mediante la
violencia. La sombra de la Cheka y la Gestapo nos recuerda que cualquier poder
que se arroga el derecho a decidir quién es humano y quién es deportable lleva
en sí la semilla del terror.