Por Pedro Peumo.
El gobierno socialdemócrata de Gabriel Boric hoy mantiene en "estado de excepción constitucional" a bastos sectores fronterizos de Chile y a la zona del Wallmapu, el territorio del pueblo Mapuche, lo que lo faculta legalmente para desplegar contingentes de militares para el control policial de la población, atacando de forma directa a inmigrantes y pueblos originarios. Además ha impulsado la dictación de una nueva "ley antiterrorista" que criminaliza a los grupos disidentes y una "ley de seguridad municipal" con el objetivo de blindar a los funcionarios que los municipios han comenzado a contratar para reprimir, golpear y detener, especialmente a comerciantes ambulantes, personas que viven en la calle o inmigrantes.
Para esto los alcaldes han utilizando hasta ahora la figura de los "inspectores municipales", funcionarios que hasta hace poco estaban destinados solo a labores administrativas como sacar multas ante incumplimientos por no pago de patentes comerciales o a automóviles mal estacionados pero que con esta ley tendrán nuevas facultades para reprimir y actuar como policías.
La ley que se tramita en el Congreso ya les parece insuficiente a algunos parlamentarios y alcaldes, y están presionando para que se les entreguen armamento, bastones y "Taser", un tipo de pistolas muy usadas por los policías en Estados Unidos, y que varios organismos de Derechos Humanos han denunciado como armas de tortura por electrocución.
Este tipo de policías municipales, que por cierto serán mal pagados y mal capacitados, son intrínsecamente corruptos, porque además de hacer un uso criminal de la fuerza cada vez que pueden, están plagados de elementos fascistas y militaristas, violentos, antisociales y psicópatas, que aceptan sobornos, coimas y son fácilmente extorsionados por los narcotraficantes, quienes los utilizan como "soldados" para su protección.
Ejemplos de este tipo sobran en Latinoamérica y el mundo.
Un aumento de policías significa un aumento de la criminalidad.
En Chile, Carabineros, la policía militarizada nacional, a participado en varias masacres a obreros a través de la historia. Protestas, tomas de terreno o huelgas de la población civil, situaciones que en ningún caso implican un enfrentamiento armado, la policía las ha transformado en muertes, torturas y desaparición de personas. Sin ir más lejos, hace unos años en el contexto de la revuelta de 2019, miles de personas sufrieron maltratos, torturas, e incluso mutilación de sus ojos o la muerte a manos de la policía.
La propaganda gubernamental y de los medios de masas presenta a los ejércitos y las policías como protectores de la población pero en realidad actúan como el brazo armado del Estado y el capital, y su función principal es proteger los intereses de la patronal.
Militares en la calle y más policías solo pueden significar más represión para el pueblo.
Jamás veremos a un militar o a un policía golpeando a un rico pero si los veremos resguardando sus empresas y sus partidos políticos. La misma función, pero no en la calle sino que en sus oficinas, juzgados y cárceles cumplen los fiscales y jueces, funcionarios estatales corruptos que encarcelan al pobre y dejan en la impunidad al rico.
Solo un pueblo organizado y decidido a recuperar lo que le pertenece puede acabar con la opresión policial, la explotación de la patronal y la corrupción de la política.
¡Nunca más glorificar a militares y policías, son enemigos del pueblo y como tales deben desaparecer!
¡Levantémonos contra toda forma de militarización de la sociedad!
¡Abajo los ejércitos. tribunales, fiscales y policías!