CARCELES EN CHILE: INFIERNO ENTRE PAREDES DE CONCRETO
A Gendarmería no solo de compete la custodia y los programas de reinserción de los presos, sino que también ejerce la dirección de los penales, y tiene el poder de otorgar beneficios penitenciarios, tales como: salidas esporádicas, los domingos o fines de semana, y la libertad condicional por periodos más largos. Estos beneficios dependen de un "Consejo Técnico" constituido por personal del mismo establecimiento, el que tiene un gran poder sobre el destino de los presos, y no es raro escuchar del pago de sobornos para mejorar las condenas o condiciones de reclusión de los presos con más recursos.
Los gendarmes, según un estudio realizado hace poco por la Universidad Católica de Chile, provienen en su gran mayoría de las comunas más pobres del sur de Santiago, la capital chilena, y su motivación es casi exclusivamente el mejorar sus condiciones de vida a través de la carrera funcionaría. Solo una ínfima proporción (4,5 %) declara entrar a la Escuela de Gendarmería por la vocación de trabajar en la reinserción de los presos.
Los gendarmes se quejan de vivir al interior de los penales en condiciones higiénicas y de salubridad tan malas como las de los presos, y de ser objeto de frecuentes abusos por parte de sus superiores.
A esto se suman las bajas remuneraciones de los carceleros. Un gendarme entra ganando $ 530.000 al mes, el sueldo mínimo en Chile, por lo que no es raro que se vean envueltos en casos de corrupción.
Un 63% de los gendarmes reconoce conocer de casos cercanos de corrupción en los penales, mientras un 50% reconoció haberse involucrado ellos mismos en este tipo de casos.
Así, por ejemplo, los celulares que son allanados por Gendarmería aparecen luego en venta nuevamente. En hasta $ 700.000 puede vender un gendarme un celular en los penales, lo que es más de su sueldo mensual.
Según reconoció la Corte Suprema, el máximo tribunal chileno, el sistema penitenciario en Chile se encuentra desbordado.
Al 30 de junio de 2024, el hacinamiento en las cárceles de Chile era de 160% en las de administración tradicional y de 104% en los penales concesionados. Celdas que son pensadas para 4 personas llegan a albergar grupos de hasta 12 reclusos.
La segregación al interior de los penales depende en gran medida de si el recluso que se integra al penal cuenta con algún pariente o conocido que lo albergue en la celda donde vive. Frecuentemente primerizos y presos "rematados" (con largas condenas y un prontuario), conviven de acuerdo a sus contactos o posibilidades económicas, sin un criterio de reinserción social. Y el tener un amigo que lo acoja en la cárcel puede significar la vida o la muerte para un recluso.
En 2024 hubieron 44 asesinatos al interior de las cárceles del país. Gran parte de las muertes se deben a riñas producto de las malas condiciones de vida en los penales, siendo el hambre la causa más frecuente de conflictos.
En la mayoría de los recintos la cena es a las 16 horas y luego no hay más horarios de comida hasta el desayuno que es a las 8:30 o 9:00 horas del día siguiente. Es decir, algunos reos pueden pasar hasta 16 horas sin comer en recintos donde no entregan una colación durante el encierro.
En los penales hay mafias de gendarmes que venden los alimentos que el Estado destina para los presos, incluso antes de que sea bajada de los camiones, lo que provoca que la alimentación que llega a los reclusos sea mínima. Varios presos han publicado ilegalmente en redes sociales un pan con una rodaja de tomate por desayuno o una cucharada de arroz blanco por todo almuerzo.
Dentro de cada uno de los penales existe un "economato", un kiosco que generalmente es propiedad de algún familiar de algún gendarme, donde se venden alimentos y útiles de aseo, muchas veces, de los mismos que el Estado manda para los presos.
Por otra parte, aproximadamente el 81 % de quienes ingresan a la cárcel admitieron tener problemas con el consumo de drogas. Este alto porcentaje de consumidores problemáticos, sin tratamiento médico o psicológico, crea un entorno donde el narcotráfico encuentra un mercado constante, vulnerable y muy lucrativo. El narcotráfico, sumado a las frecuentes extorsiones de los presos rematados a los primerizos, mediante videollamadas a familiares en el exterior que muestran agresiones violentas, seguidas de demandas de dinero para detener el abuso, crean un entorno donde cunden las enfermedades por salud mental y la reinserción social se torna imposible.
En estas circunstancias, el preso primerizo se enfrenta a un infierno donde es permanente violentado por otros presos o gendarmería.
Pese a que durante los gobiernos democráticos se creó un manual de Derechos Humanos que regula la conducta de los gendarmes hacia los presos, las torturas y malos tratos son cotidianos, y son parte de una cultura institucional que ni los gobiernos ni los demás actores del sistema han querido cambiar de verdad.
Uno de los castigos más frecuentes es el "peloteo", que consiste en enviar al recluso castigado a cárceles alejadas de su familia, en regiones al sur o al norte. Esta es una práctica que ejerce Gendarmería sin control alguno de parte de algún otro organismo del Estado, y se realiza siempre alegando necesidades derivadas del hacinamiento. Sin embrago esta es una excusa porque los presos que son alejados de sus familiares generalmente son aquellos que se han quejado de su situación o mantienen algún reclamo formal contra la Institución.
La "guerra contra la delincuencia" que ha emprendido el Estado chileno, y que ha resultado en un muy buen negocio para políticos, policías, gendarmes, empresas de seguridad, inmobiliarias que construyen las nuevas cárceles concesionadas y los medios de comunicación, ávidos de noticias violentas que provocan morbo, exacerba el militarismo y profundiza la desigualdad social, porque divide a la sociedad entre los que mandan "y protegen", y los que "son protegidos", y por lo tanto, deben obedecer. Como en toda "guerra", al pueblo solo le cabe obedecer pasivamente. Obedecer a quien detenta el poder. Y en esta escala social, pobres, inmigrantes y presos carecen de derechos sociales. No "contribuyen", no son ciudadanos, son criminales, y por lo tanto, la sociedad no les reconoce derechos. El preso ni siquiera puede votar en las elecciones, así que para el político tampoco existe.
El preso no solo carece de libertad, no solo está condenado a una vida de hacinamiento, de torturas, extorsión, hambre y peligro constante, sino que está condenado a sufrir el peso de ser él en quién la sociedad ha puesto toda su rabia contenida, en quién se venga por una vida de opresión y explotación capitalista, que somete a una vida de consumidor pasivo sin posibilidad de desarrollar su humanidad.
En esta sociedad, si tenemos personas presas, es porque estamos todos en prisión.
